Chihuahua, a 19 de diciembre.- Organizaciones civiles aseguraron que el desplazamiento forzado interno en la Sierra Tarahumara es una realidad innegable, pese a que las autoridades estatales y federales se han negado a reconocer este fenómeno. Advirtieron que esta postura oficial no solo invisibiliza a las víctimas, sino que también perpetúa la vulneración de sus derechos humanos y agrava la crisis humanitaria en la región.
Una realidad ignorada
Consultoría Técnica Comunitaria y el Colectivo en Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria, entre otras organizaciones, señalaron que cientos de familias han sido obligadas a abandonar sus comunidades debido a la violencia generalizada y la falta de acción por parte del Estado.
“Negar la existencia del desplazamiento forzado en Chihuahua es una evasión de responsabilidades por parte del gobierno. Las familias no huyen de manera voluntaria; lo hacen por miedo, por amenazas o porque sus comunidades ya no son habitables debido a la presencia de grupos armados”, indicaron en un comunicado conjunto.
Impacto en la población
Las familias desplazadas enfrentan múltiples violaciones a sus derechos humanos, desde la pérdida de su patrimonio hasta la falta de acceso a servicios básicos y justicia. Las organizaciones denunciaron que, además de la omisión gubernamental, las víctimas son revictimizadas cuando las autoridades niegan el delito y lo atribuyen a factores como la falta de empleo o alimentos.
“El clima de violencia en la Sierra Tarahumara ha despojado a las comunidades de sus medios de vida, generando pobreza extrema, hambre y una sensación de terror permanente. A pesar de ello, el desplazamiento sigue siendo ignorado oficialmente”, subrayaron.
Protocolo pendiente
Aunque el Gobierno del Estado anunció la elaboración de un protocolo de atención a personas desplazadas, las organizaciones civiles aseguraron que no han sido consultadas ni han recibido información sobre su avance. Advirtieron que cualquier estrategia debe incluir una atención diferenciada y focalizada para las víctimas, además de garantizar su seguridad y acceso a la justicia.
Reconocimiento necesario
Las asociaciones recalcaron que el desplazamiento forzado interno es un delito reconocido por la Ley General de Víctimas y sancionado en el Código Penal del Estado de Chihuahua. Sin embargo, su falta de reconocimiento oficial por parte de los gobiernos representa una omisión grave que perpetúa la impunidad y la crisis en la región.
“Es urgente que las autoridades reconozcan esta problemática y actúen en consecuencia. Negar el desplazamiento forzado no beneficia a nadie; por el contrario, revictimiza a las familias y agrava su situación”, concluyeron las organizaciones.
Firmantes:
- Consultoría Técnica Comunitaria
- Colectivo en Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria